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IUC exige responsabilidades por el escándalo de abusos a menores tuteladas en Canarias.

Posted on 10 de noviembre de 202510 de noviembre de 2025 by iucanarias
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La organización señala como “absolutamente intolerable” que el Ejecutivo de Clavijo
desconociera lo que ocurría en sus propios centros tutelados, donde niñas bajo
protección institucional fueron víctimas de explotación sexual.

Izquierda Unida Canaria (IUC) ha mostrado su indignación y dolor tras conocerse
los estremecedores detalles de la red de pederastia desmantelada en Gran Canaria,
en la que al menos 34 menores, en su mayoría procedentes de hogares tutelados
por el Gobierno de Canarias, fueron víctimas de explotación sexual, agresiones,
abusos, coacciones y otras prácticas de extrema brutalidad.
La organización califica este caso como “una vergüenza institucional de
dimensiones insoportables” y exige una investigación independiente y urgente, así
como la asunción de responsabilidades políticas inmediatas por parte del Gobierno
de Canarias. “Estamos ante una trama criminal que ha operado durante meses,
incluso años, a plena vista, aprovechándose de niñas que deberían haber estado
protegidas por la Administración pública. Y mientras todo esto ocurría, el Gobierno
de Canarias ni veía ni oía. Es inadmisible, doloroso y demuestra una negligencia
institucional gravísima”, ha señalado Luisa Tamayo, Coordinadora Nacional de IUC.
Según ha trascendido en la investigación judicial en curso, al menos tres de los
implicados se encuentran en prisión provisional y más de una decena están siendo
investigados por delitos de prostitución infantil, corrupción de menores y abusos
sistemáticos a niñas en situación de vulnerabilidad, muchas de ellas residentes en
centros de protección gestionados o supervisados por el Ejecutivo autonómico.
Desde Izquierda Unida Canaria se advierte de que no se trata de un caso aislado,
sino de una evidencia más del descontrol que reina en el sistema de protección de
la infancia en Canarias. Ya en los últimos meses, varios centros de menores
migrantes fueron ordenados a cerrar por mandato judicial ante situaciones de
vulneración de derechos, hacinamiento y dejación institucional.
“Lo que se ha destapado con la operación Íncubo es una tragedia institucional.
¿Dónde estaban las autoridades responsables del cuidado de estas niñas? ¿Dónde
estaba el seguimiento, la supervisión, la atención psicosocial? El Gobierno de
Canarias no puede seguir escondiéndose detrás del ‘no sabíamos nada o no es

competencia nuestra’ mientras los casos se acumulan y las víctimas aumentan”, ha
añadido Tamayo.
La formación reclama una revisión completa del sistema de protección a la infancia
y adolescencia en Canarias, y exige una auditoría externa de todos los centros y
recursos de acogida tanto para menores migrantes como para menores nacionales,
con especial atención a la situación de las niñas y adolescentes en situación de alta
vulnerabilidad.
La organización también ha instado al Parlamento de Canarias a abrir una comisión
de investigación para esclarecer hasta dónde llega la responsabilidad política e
institucional de esta trama y poner en marcha de inmediato un paquete de medidas
de urgencia que refuerce la protección, el control y la intervención psicosocial en
todos los hogares y centros dependientes del Gobierno.
“No se puede seguir gobernando desde el cinismo, ignorando a los más vulnerables
y girando la cara mientras se responsabiliza al Estado de todos los males. Esta vez
no vale hablar de competencias ni de excusas presupuestarias. Las niñas de
Canarias no pueden seguir siendo invisibles para un Gobierno que, una y otra vez,
ha demostrado más interés en proteger su imagen que en proteger a la infancia”, ha
afirmado Tamayo con contundencia.
Izquierda Unida Canaria subraya que la lucha contra la violencia y la explotación
sexual infantil debe ser una prioridad política real y exige que se aborden de
inmediato reformas estructurales en el sistema de protección. Además, llama a la
movilización ciudadana y a la unidad institucional frente a la impunidad.
“Es el momento de ponerse del lado de las víctimas y no de la comodidad
institucional. Quienes han permitido esta situación deben rendir cuentas. No lo
decimos solo por indignación, lo decimos por justicia, por verdad y por reparación”,
concluye IUC.

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