La formación critica que el ejecutivo de CC y PP monte un foro de debate sobre la emergencia habitacional mientras bloquea la ley de vivienda, renuncia a regular previos y deja viviendas públicas sin uso social.
Izquierda Unida Canaria (IUC) ha denunciado la “desvergüenza política” del Gobierno de Canarias por organizar el I Congreso de Vivienda del Archipiélago mientras continúa sin aplicar ni una sola medida eficaz frente a la crisis habitacional que sufren miles de familias en las islas. Para IUC, este evento, que se celebrará en Las Palmas de Gran Canaria los días 1 y 2 de diciembre, es “una maniobra de
marketing institucional vacía”, con la que Coalición Canaria y el Partido Popular pretenden maquillar su inacción y falta de voluntad real para garantizar el derecho a una vivienda digna.
“El Gobierno se pasea entre mesas y talleres mientras sigue sin aplicar la declaración de zonas tensionadas, mantiene congelada la ley de vivienda y deja que VISOCAN, su empresa pública, ponga viviendas a la venta en lugar de destinarlas a alquiler social. Si esa es su política de vivienda, lo mejor que podrían hacer es marcharse y dejar paso a quienes sí tienen iniciativa para que las medidas lleguen a
la calle”, ha afirmado el Coordinador Nacional de IUC, Saúl Alberola.
Desde la organización se recuerda que mientras el consejero de Vivienda, Pablo Rodríguez, presume de haber movilizado 300 millones de euros y de promover 2.000 viviendas públicas, lo cierto es que las familias afectadas por el volcán en La Palma han rechazado mayoritariamente las viviendas de Finca Amado, y VISOCAN ha optado por venderlas en lugar de convertirlas en una bolsa de alquiler social, a
pesar de la grave situación en la isla.
“El gobierno de Clavijo se escuda constantemente en su enfrentamiento con el Estado, pero cuando las competencias son suyas, no hace absolutamente nada. La gente está esperando soluciones, no excusas ni foros para lucirse”, denuncian desde IUC.
Para IUC, la única política válida es la que se construye desde el interés general, y eso implica recuperar el control público sobre el mercado de la vivienda, aumentar el parque público en alquiler, poner límites a la especulación y garantizar precios accesibles según niveles de renta. “No puede ser que se hable de emergencia habitacional mientras se entregan fondos europeos al sector privado, cuando no se
dejan de ejecutar, y se entregan premios a la colaboración público-privada sin resultados tangibles”.
“La vivienda no es un negocio, es un derecho. Y si el Gobierno de Canarias no lo entiende, habrá que seguir señalando su negligencia en cada acto, congreso o decreto”, concluyó Alberola.