La formación advierte de la normalización de medidas excepcionales que alteran la vida cotidiana sin debate público y reclama planificación sin impacto social
Izquierda Unida Canaria (IUC) ha mostrado su preocupación ante la propuesta de suspender las clases y fomentar el teletrabajo durante la visita del Papa a Canarias el próximo mes de junio, una medida que, según la formación, “evidencia una preocupante falta de planificación y una priorización de eventos sobre las necesidades reales de la ciudadanía”.
La propuesta, trasladada por la Delegación del Gobierno y respaldada por los organizadores del evento, plantea declarar no lectivos los días de la visita en Gran Canaria y Tenerife, además de recomendar el teletrabajo en el sector público y privado para facilitar la movilidad ante la previsión de concentraciones masivas.
Para IUC, este tipo de decisiones deben ser analizadas con rigor, ya que suponen una alteración significativa del funcionamiento normal de la sociedad. “No se puede normalizar que ante cualquier gran evento se paralice la actividad educativa y laboral sin un debate previo y sin valorar su impacto real en la vida de la gente”, ha señalado Saúl Alberola, Coordinador Nacional de IUC.
La formación reconoce la relevancia institucional de la visita, pero considera que la gestión de este tipo de eventos no puede trasladar el coste organizativo a la ciudadanía, especialmente en ámbitos tan sensibles como la educación. “Estamos hablando de suspender clases en dos islas y de alterar la organización de miles de familias. Esto no puede plantearse como una medida automática ni como una solución fácil a problemas de movilidad”, añade Alberola.
Desde IUC se recuerda además que España es un Estado aconfesional y que las instituciones públicas deben actuar desde el respeto a la laicidad, evitando decisiones que puedan interpretarse como una subordinación de lo público a intereses o eventos de carácter religioso.
La organización subraya que esta situación pone de manifiesto carencias estructurales en la planificación de infraestructuras y movilidad en Canarias, que obligan a recurrir a medidas excepcionales ante eventos puntuales. “Si para garantizar la movilidad hay que vaciar las calles y cerrar centros educativos, el problema no es el evento, es la falta de planificación previa y de alternativas reales”, señalan.
La organización advierte también de que justificar estas medidas para facilitar una mayor afluencia a los actos puede derivar en una lógica preocupante, donde las instituciones terminan favoreciendo indirectamente dinámicas de concentración masiva vinculadas a un evento religioso concreto, difuminando la necesaria neutralidad institucional.
La organización también advierte del precedente que puede suponer este tipo de decisiones, en las que se prioriza la logística de un evento frente al normal desarrollo de la vida cotidiana, sin mecanismos claros de participación o información a la ciudadanía.
“No se trata de estar en contra de la visita, sino de cómo se gestiona. Las instituciones están para garantizar derechos y organizar soluciones, no para trasladar los problemas a la población”, ha afirmado el también concejal lagunero.
IUC insiste en la necesidad de abordar estos eventos desde una planificación integral que contemple refuerzos reales en transporte público, organización escalonada de accesos y coordinación institucional, sin recurrir de forma sistemática a la paralización de la actividad ordinaria.
Asimismo, la formación considera necesario abrir un debate sobre el modelo de gestión de grandes eventos en Canarias, especialmente cuando implican un impacto económico significativo y afectan directamente a la vida diaria de la población.
“Canarias necesita instituciones que planifiquen mejor y que piensen en la gente antes que en la foto. No todo vale en nombre de un evento, por importante que sea”, concluye Saúl Alberola.