La formación presenta alegaciones al Anteproyecto para impedir que la actualización cartográfica pueda utilizarse para reducir o debilitar la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos
Saúl Alberola, Coordinador IUC
Izquierda Unida Canaria (IUC) ha presentado alegaciones al Anteproyecto de Ley de Digitalización de los Límites de los Espacios Incluidos en la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos, reclamando que la futura norma incorpore garantías jurídicas y ambientales suficientes para impedir cualquier regresión en la protección del territorio.
La formación defiende que la digitalización de límites debe ser una herramienta exclusivamente técnica y administrativa, subordinada en todo momento a la conservación de la biodiversidad, la protección del paisaje y el mantenimiento íntegro de los espacios naturales protegidos de Canarias.
En este sentido, IUC reclama que el texto incorpore de forma expresa el principio de no regresión ambiental, estableciendo que ningún proceso de actualización cartográfica pueda implicar reducción de superficie protegida, exclusión de terrenos o disminución del nivel de protección existente.
“Nos preocupa que procesos aparentemente técnicos puedan terminar convirtiéndose en mecanismos silenciosos de desprotección territorial”, ha señalado Saúl Alberola, Coordinador Nacional de IUC. “Canarias no puede permitirse abrir la puerta a modificaciones encubiertas de espacios protegidos bajo la excusa de ajustes digitales o correcciones geométricas”.
Entre las principales propuestas presentadas por la organización se encuentra la obligación de abrir procedimientos específicos de deslinde o delimitación cuando aparezcan discrepancias relevantes durante la digitalización, garantizando información pública, audiencia a las administraciones y personas afectadas, informes ambientales y plena transparencia documental.
Asimismo, la organización de izquierdas plantea reforzar la coordinación con el Registro de la Propiedad y el Catastro para evitar inseguridad jurídica y garantizar que toda la información territorial y ambiental sea pública, accesible y trazable para la ciudadanía.
La formación también muestra su preocupación por situaciones detectadas durante el actual proceso de digitalización, como la posible merma en la delimitación de la Reserva Natural Especial del Malpaís de Güímar, lo que —afirman— evidencia la necesidad de ampliar plazos de exposición pública y reforzar los mecanismos de revisión técnica y social.
“Los espacios naturales protegidos son patrimonio colectivo del pueblo canario y no pueden quedar expuestos a procesos administrativos opacos o acelerados”, añade Alberola. “Cualquier modificación real de límites debe pasar por los procedimientos legales ordinarios, con evaluación ambiental, control democrático y participación ciudadana”.
Desde IUC recuerdan que Canarias atraviesa un contexto de creciente presión urbanística, turística y territorial, por lo que consideran imprescindible reforzar las garantías de conservación de la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos frente a cualquier intento de debilitamiento “silencioso” o fragmentación progresiva del territorio protegido. La organización insta finalmente al Gobierno de Canarias a rectificar el texto del Anteproyecto e incorporar las garantías ambientales y jurídicas planteadas en las alegaciones presentadas.