La formación ha registrado alegaciones para reforzar la protección del medio marino, acabar con los vertidos ilegales y convertir la reutilización del agua en una prioridad estratégica
Izquierda Unida Canaria ha presentado un amplio paquete de alegaciones al proyecto de Reglamento de Vertidos al Mar del Gobierno de Canarias con el objetivo de transformar la futura norma en una herramienta efectiva para proteger el litoral y avanzar hacia el objetivo de “vertido cero” en el Archipiélago.
La organización considera que el texto actualmente planteado resulta insuficiente, al centrarse fundamentalmente en la regulación administrativa de los vertidos sin incorporar medidas ambiciosas dirigidas a su reducción y eliminación progresiva. Por ello, IUC propone situar la prevención de la contaminación y la protección de los ecosistemas marinos como principios rectores del reglamento.
Entre las principales propuestas presentadas destacan la prohibición de nuevas autorizaciones de vertido en espacios naturales protegidos, zonas de baño y áreas de alto valor ecológico; la obligación de justificar previamente la inexistencia de alternativas de reutilización; la creación de un Registro Público Digital de Vertidos accesible a toda la ciudadanía; y la aprobación de un Plan Anual de Inspección para erradicar los puntos de vertido ilegales existentes en Canarias.
Asimismo, la formación plantea incorporar la adaptación al cambio climático como criterio obligatorio en la autorización y gestión de los vertidos, garantizando que las infraestructuras de saneamiento sean resilientes frente a fenómenos meteorológicos extremos y la subida del nivel del mar.
El Coordinador Nacional de IUC, Saúl Alberola, ha señalado que “Canarias no puede seguir normalizando que miles de metros cúbicos de aguas contaminadas acaben cada día en el mar. Proteger nuestro litoral es proteger la salud pública, la biodiversidad, la pesca, el turismo sostenible y el futuro de las islas”.
IUC también reclama reforzar el principio de “quien contamina paga”, obligando a las empresas responsables de actividades contaminantes a asumir íntegramente los costes de prevención, reparación y restauración ambiental.
“En un territorio insular especialmente afectado por la escasez hídrica, la reutilización de las aguas depuradas debe dejar de ser una opción para convertirse en una obligación estratégica. Canarias necesita un cambio de modelo que sitúe la defensa de los bienes comunes por encima de cualquier interés particular”, concluyó Alberola.