La organización considera insuficiente medir la respuesta a la crisis habitacional mediante anuncios y proyectos, y reclama transparencia, vivienda pública permanente y medidas contra la especulación.
Izquierda Unida Canaria en Lanzarote reclama a las administraciones públicas una política de vivienda que responda de manera efectiva a la emergencia habitacional que sufre la isla. Ante los anuncios difundidos por el Ayuntamiento de Arrecife sobre la construcción de viviendas sociales en Maneje y los proyectos de vivienda protegida, la organización considera necesario que las instituciones expliquen no solo cuántas viviendas prevén construir, sino también cuándo estarán disponibles, a qué precios se ofrecerán y qué mecanismos garantizarán que lleguen a quienes más las necesitan.
Para IUC, la crisis de la vivienda no se resuelve únicamente anunciando nuevas promociones, sino garantizando que la población pueda acceder a un hogar digno sin que el alquiler absorba una parte inasumible de sus ingresos.
La organización señala que la dificultad para acceder a una vivienda afecta especialmente a la juventud, a las familias con ingresos bajos y medios y a las personas trabajadoras que encuentran cada vez más dificultades para residir en el territorio donde desarrollan su actividad laboral.
En una isla sometida a importantes presiones sobre el territorio y el mercado inmobiliario, Izquierda Unida Canaria defiende que la vivienda debe dejar de tratarse prioritariamente como un activo de inversión y recuperar su función social. Transparencia: de los anuncios a las viviendas disponibles.
La formación de izquierdass considera positivo que las administraciones impulsen vivienda pública, pero reclama información verificable sobre el estado de cada promoción. En este sentido, solicita que se publiquen datos desglosados sobre las viviendas anunciadas, las que se encuentran efectivamente en construcción, las que cuentan con financiación y proyectos aprobados, las que están terminadas y las que ya han sido entregadas. Por otro lado, considera imprescindible conocer los precios de alquiler o adquisición, los requisitos de acceso, los plazos previstos y las medidas destinadas a evitar que la vivienda protegida termine perdiendo su finalidad social.
«La ciudadanía necesita saber cuándo podrá acceder a una vivienda y cuánto tendrá que pagar por ella. Las cifras de futuras promociones no resuelven por sí solas la situación de quienes hoy no pueden pagar un alquiler», sostiene Jorge peñas, portavoz de IUC