La formación eleva el Gobierno del Estado el decreto ley de licencias del Ejecutivo canario por considerarlo inconstitucional y una amenaza directa al interés general y al modelo democrático de Administración Pública.
Izquierda Unida Canaria (IUC) ha denunciado ante el Congreso de los Diputados el contenido del Proyecto de Decreto Ley promovido por el Gobierno de Canarias para la “agilización” de licencias urbanísticas, por considerar que supone una privatización encubierta de funciones públicas, una amenaza directa al modelo de función pública y una vulneración flagrante del principio constitucional de legalidad.
La propuesta legislativa, remitida por la FECAM a los ayuntamientos canarios el pasado 26 de febrero, contempla la posibilidad de que entidades privadas, colegios profesionales o entes colaborativos emitan informes técnicos de conformidad vinculados a licencias urbanísticas, sin que estos deban ser ratificados por el personal técnico de las administraciones públicas.
“La propuesta del Gobierno de CC y PP es un auténtico golpe al corazón del Estado de Derecho en Canarias”, denuncia Luisa Tamayo, Coordinadora Nacional de IU. “Lo que se plantea es que empresas privadas, ajenas a los principios de imparcialidad y sometimiento a la legalidad, sustituyan a funcionarios públicos en la evaluación de licencias urbanísticas. Es un modelo hecho a medida de los grandes intereses promotores y especulativos, que vacía de contenido a las instituciones públicas”.
IUC advierte que este Decreto Ley erosiona la seguridad jurídica y sienta un precedente muy peligroso. “Las funciones de control técnico y legal en materia urbanística son potestades públicas que, como reconoce el Tribunal Supremo, deben ser ejercidas por funcionarios y no pueden ser externalizadas”, añade Tamayo. “Es una huida del Derecho Administrativo y una institucionalización de la lógica del mercado dentro del urbanismo”.
En la batería de preguntas presentada en el Congreso, IUC plantea al Gobierno de España si considera que este Decreto Ley vulnera el artículo 9.2 del Estatuto Básico del Empleado Público y el artículo 17 de la Ley de Contratos del Sector Público, que reservan a los funcionarios las tareas que suponen el ejercicio de autoridad administrativa. También solicita que el Ejecutivo valore la posible inconstitucionalidad del texto, en coherencia con las sentencias del Tribunal Supremo (STS 1160/2020 y STS 2024/2024), que prohíben la externalización de funciones públicas sustantivas.
“Lo que está haciendo el Gobierno de Clavijo, con el aval de la patronal y de sectores del sector inmobiliario, es entregar las llaves del urbanismo al interés privado, debilitando las garantías del interés público, precisamente en uno de los territorios más tensionados urbanísticamente del Estado”, subraya la Coordinadora de IUC.
La formación recuerda que en Canarias existe ya una situación de enorme presión urbanística, agravada por la aprobación discrecional de proyectos de interés general y el debilitamiento de los controles ambientales y territoriales. “Este decreto no es una herramienta para mejorar la vivienda, es un atajo para acelerar promociones, eliminar la fiscalización administrativa y convertir el suelo canario en un bien de mercado sin cortapisas”.
Por todo ello, Izquierda Unida exige al Gobierno central que active los mecanismos de control de constitucionalidad y frene este “decretazo urbanístico”. “La agilidad administrativa no puede servir de excusa para desmontar el papel del personal técnico público ni para subordinar los derechos ciudadanos al cronómetro de las promotoras”, concluye Tamayo.
IUC reitera su compromiso con un modelo territorial justo, sostenible y democrático, basado en el interés general, la planificación pública y la garantía de los derechos colectivos. Frente a la deriva privatizadora y mercantil del urbanismo canario, Izquierda Unida apuesta por una verdadera política pública de suelo y vivienda que ponga freno a la especulación y fortalezca la función pública como pilar de la democracia.