Un fondo invierte 150 millones en viviendas aprovechando el vacío legal previo a la
Ley de Vivienda Vacacional mientras se expone públicamente para plantear
enmiendas.
En un movimiento que ha encendido las alarmas sobre la especulación inmobiliaria
en Canarias, el fondo madrileño SmartRental ha realizado una inversión masiva de
150 millones de euros en el sur de Gran Canaria, justo antes de la aprobación de la
Ley de Vivienda Vacacional. Esta ley debería tener como objetivo frenar las
operaciones de grandes tenedores que desestabilizan el mercado de vivienda en el
archipiélago, protegiendo así los derechos de las personas residentes y
promoviendo un turismo sostenible.
Luisa Tamayo, Coordinadora Nacional de Izquierda Unida Canaria, expresó su firme
rechazo a estas prácticas que ponen en riesgo el derecho a la vivienda y el
desarrollo sostenible de Canarias. «Es inaceptable que, en la víspera de una
regulación tan necesaria, los fondos inmobiliarios aceleren sus operaciones para
esquivar las restricciones que buscan proteger a nuestra comunidad. Esto no es
más que un ataque directo a la soberanía de nuestro territorio y a la calidad de vida
del pueblo canario», declaró Tamayo.
El fondo SmartRental, conocido por su modelo de «alquiler flexible», ha venido
acaparando propiedades en zonas clave de Gran Canaria, en una estrategia que
podría exacerbar la ya tensa situación de vivienda en la isla. A pesar de que la
nueva ley busca poner coto a estas prácticas, la operación de SmartRental subraya
la urgencia de implementar medidas adicionales que aseguren la efectividad de la
normativa y protejan a los ciudadanos frente a la especulación.
Desde Izquierda Unida Canaria se insta al Gobierno Regional a tomar acciones
inmediatas para evitar que se repitan situaciones similares. «Pedimos una moratoria
inmediata en las operaciones inmobiliarias de esta índole hasta que la nueva ley
esté plenamente en vigor. No podemos permitir que los fondos de inversión dicten
las condiciones de vida en nuestras islas», afirmó Tamayo. Además, IUC se
compromete a seguir vigilando y denunciando cualquier intento de eludir la
legislación, asegurando que la vivienda en Canarias sirva a los intereses de sus
habitantes y no a los de inversores externos.
El caso de SmartRental no es aislado y refleja una tendencia creciente donde la
inversión inmobiliaria prioriza el beneficio económico sobre el bienestar social. Esta
situación pone en peligro el acceso a la vivienda en el archipiélago y amenaza con
transformar áreas residenciales en enclaves turísticos, desplazando a la población
local y alterando la identidad de la región.
Izquierda Unida Canaria se mantiene firme en su compromiso con la defensa del
derecho a la vivienda y en su lucha contra la especulación inmobiliaria. «Seguiremos
trabajando para garantizar que la ley se aplique de manera efectiva y para
desarrollar nuevas estrategias que aseguren un mercado de vivienda justo y
accesible para todos los canarios», concluyó Tamayo.