La organización rechaza que se equipare a residentes canarios con turistas y alerta de una medida elitista que no frena la masificación ni protege el Parque Nacional.
Izquierda Unida Canaria (IUC) manifiesta su rechazo a la decisión del Cabildo de Tenerife, presidido por Rosa Dávila (Coalición Canaria), de comenzar a cobrar el acceso a varios senderos del Parque Nacional del Teide a personas no residentes en la isla, incluyendo a residentes del resto de Canarias. Para IUC, esta medida, presentada de forma engañosa como una “ecotasa”, es en realidad el cobro de una entrada a un parque nacional, una privatización encubierta del patrimonio natural común y una respuesta cosmética a las grandes movilizaciones sociales contra la masificación turística vividas en los últimos meses.
La tasa, que entró en vigor el pasado 19 de enero para los senderos PNT 10 Telesforo Bravo y PNT 07 Montaña Blanca–La Rambleta, establece precios diferenciados que igualan en la práctica a residentes canarios con turistas que llegan a las islas, rompiendo el principio de acceso universal a los espacios naturales protegidos. “Nos quieren hacer creer que esto es una medida ecosocial, pero lo que se está implantando es un sistema de pago que excluye, clasifica y convierte el acceso al Teide en un privilegio”, denuncia Ramón Trujillo, coordinador insular de IUC en Tenerife.
Ramón Trujillo, portavoz IUC Tenerife
Desde la organización consideran especialmente grave que el Cabildo utilice un discurso de sostenibilidad mientras ha rechazado históricamente la implantación de ecotasas reales que graven de verdad las actividades turísticas de alto impacto ambiental. “Resulta profundamente hipócrita que se cobre a quien quiere caminar por un sendero mientras se sigue permitiendo que grandes empresas turísticas, cruceros o macrocomplejos sigan operando sin aportar proporcionalmente a la conservación del territorio”, subraya Trujillo.
IUC recuerda que la masificación del Parque Nacional del Teide no es un fenómeno espontáneo, sino el resultado directo de un modelo turístico descontrolado promovido durante años por las propias instituciones. Pasar de tres a ocho millones de visitantes en apenas cuatro años no se corrige con tasas selectivas, sino con una planificación seria, valiente y basada en el interés general. “No se protege el Teide cobrando entradas, se protege cambiando el modelo”, señalan desde la formación.
Desde Izquierda Unida Canaria defienden que las soluciones efectivas pasan por políticas públicas integrales y no excluyentes. Entre ellas, una limitación real del número de visitantes mediante sistemas de reserva transparentes y con criterios ambientales claros; el refuerzo del personal público de vigilancia, mantenimiento y conservación, evitando la externalización de servicios; una inversión decidida en transporte público sostenible que reduzca el uso del vehículo privado; la prohibición de macroeventos y actividades masivas en espacios naturales protegidos; y campañas de concienciación y educación ambiental dirigidas tanto a visitantes como a operadores turísticos.
Asimismo, IUC defiende la implantación de ecotasas auténticas, dirigidas a gravar actividades turísticas de alto impacto, cuyos ingresos se destinen íntegramente a la conservación de los espacios naturales y a mejorar las condiciones de quienes los cuidan. “Si hablamos de sostenibilidad, hablemos también de justicia social, de gestión pública transparente y de participación ciudadana real en la toma de decisiones”, añade Trujillo.
Para la organización, el Teide no puede convertirse en un producto más del mercado turístico ni en un escaparate para lavar conciencias. “Los parques nacionales son patrimonio común, no un negocio. Defenderlos implica poner límites al turismo, no poner barreras a la gente”, concluyen desde IUC.