La formación critica la gestión del grupo de gobierno y alerta sobre el riesgo de
deterioro en la calidad del servicio y condiciones laborales debido a la privatización.
Izquierda Unida Canaria en Las Palmas de Gran Canaria manifiesta su firme
oposición frente a la creciente privatización del servicio de recogida de residuos y
limpieza viaria en el municipio. Con una inversión prevista de 493 millones de euros
para los próximos ocho años, la formación política advierte que este enfoque no solo
compromete la calidad y eficiencia del servicio público, sino que además ignora las
voces de la plantilla de trabajadores y sus representantes sindicales.
César Santana, responsable insular de IUC en Gran Canaria, expresó su
preocupación: “Este proceso revela una clara inclinación hacia la privatización de
servicios esenciales que deberían ser gestionados por el sector público. Es
alarmante que el Ayuntamiento, bajo la dirección del PSOE y con el apoyo de sus
socios de gobierno, esté impulsando estos cambios sin un debate amplio y
participativo que incluya a todas las partes interesadas.”
La administración municipal ha defendido la medida como una necesidad para
mejorar y modernizar el servicio, destacando la adquisición de nueva maquinaria y
el aumento de personal hasta alcanzar los 900 trabajadores. Sin embargo, desde
IUC se critica que estas mejoras no justifican la externalización del servicio, y se
subraya que la privatización podría llevar a una reducción de la calidad del servicio y
de las condiciones laborales de los empleados.
“Es inconcebible que, en lugar de fortalecer los servicios municipales existentes,
optemos por entregarlos a manos privadas. Esto no solo afectará la eficacia del
servicio, sino también la transparencia y el control público sobre recursos tan
importantes,” añadió Santana. “Además, estos contratos millonarios comprometen
fondos públicos que podrían emplearse en mejorar directamente la infraestructura
existente y en asegurar empleos dignos para las y los trabajadores municipales.”
IUC también ha señalado la falta de participación del comité de empresa y de los
sindicatos en el diseño del pliego de condiciones, lo que ha limitado la capacidad del
personal de influir en un servicio que afecta directamente a sus empleos y
condiciones laborales. “El proceso ha sido opaco y dirigido de manera unilateral sin
considerar las implicaciones a largo plazo para la plantilla ni para la ciudadanía de
Las Palmas de Gran Canaria,” explicó Santana.
Frente a esta situación, Izquierda Unida Canaria ha lanzado un llamado a la acción,
instando a la ciudadanía y a los trabajadores del sector a movilizarse contra la
privatización y a exigir un modelo de gestión pública que garantice la sostenibilidad
y la calidad del servicio. “Debemos defender lo público y evitar que nuestros
servicios esenciales se conviertan en meros instrumentos de lucro para empresas
privadas», afirmó Santana.
“Desde IUC, reiteramos que la mejora de los servicios no debe pasar por su
privatización. Las promesas de modernización no pueden servir de excusa para
despojar a la comunidad de la gestión de sus recursos. El agua, como la limpieza,
son derechos, no mercancías», concluyó el responsable insular de IUC en Gran
Canaria.
Izquierda Unida Canaria seguirá vigilante y comprometida en su lucha por una
gestión transparente, eficiente y pública de los servicios municipales, defendiendo
siempre los intereses de la clase trabajadora y de toda la ciudadanía de Las Palmas
de Gran Canaria.