La formación critica la estrategia del Ejecutivo canario de financiar la construcción de nuevas viviendas, mientras 200 mil siguen vacías sin ser aprovechadas.
Izquierda Unida Canaria (IUC) ha expresado su profunda preocupación ante la decisión del Gobierno de Canarias de fomentar la construcción de viviendas para alquiler social mediante créditos del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Para IUC, esta medida refleja un retorno a las políticas de ladrillo y especulación que favorecen a las grandes patronales de la construcción, en lugar de abordar la crisis habitacional de manera justa y sostenible.
Luisa Tamayo, Coordinadora Nacional de IUC, ha declarado que «es inaceptable que, en una comunidad autónoma con más de 200.000 viviendas vacías, el Gobierno opte por beneficiar a promotores privados con créditos para construir nuevas viviendas. En lugar de apostar por una solución efectiva a la crisis habitacional, se priorizan los intereses de unos pocos a costa del bienestar de la mayoría»
«Construir más viviendas cuando ya hay una cantidad ingente de ellas vacías es un error. Estamos fomentando el crecimiento de un mercado inmobiliario especulativo, en lugar de buscar soluciones reales a la crisis habitacional», ha señalado Tamayo. «Es una estrategia que favorece a las grandes constructoras y promotoras, que verán cómo se les facilita acceso a financiación pública para seguir acumulando beneficios a costa del derecho a una vivienda digna».
La Reserva de Inversiones de Canarias: una herramienta al servicio de unos pocos
El descontento de IUC también se extiende a la propuesta de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) de incluir la construcción de viviendas en la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC). Para IUC, esta medida es un claro ejemplo de cómo el sistema económico canario sigue beneficiando a una élite empresarial en detrimento de la mayoría de la ciudadanía.
La RIC, diseñada para fomentar la inversión en sectores estratégicos, ha sido utilizada en numerosas ocasiones como una herramienta que permite a grandes fortunas y empresas reducir su carga fiscal sin beneficiar realmente a la sociedad en su conjunto. «Permitir que la construcción de viviendas se incluya en la RIC es un error que perpetuará la especulación en el sector inmobiliario y no resolverá los problemas estructurales de la vivienda en Canarias», ha añadido Tamayo.
Entre las medidas que IUC propone se encuentran la puesta a disposición y rehabilitación de las más de 200 mil viviendas destinándolas a alquiler social y priorizando la ocupación por personas en situación de vulnerabilidad, expropiando aquellas que pertenecen a fondos buitres que intentar acabar con las familias canarias; creación de un parque público gestionado directamente por la administración y legislado para que sea siempre público, garantizando precios asequibles y evitar la especulación; e implementar medidas que limiten la compra de vivienda por grandes inversores priorizando el acceso a la vivienda a quienes la necesiten para residir como ya se hace en otras partes del mundo.
IUC ha recordado que, durante las décadas previas a la crisis financiera, las políticas de construcción masiva y especulación inmobiliaria llevaron a Canarias a una situación insostenible de burbuja inmobiliaria, con consecuencias devastadoras para miles de familias. Para la formación, es fundamental no repetir esos errores y aprender del pasado.
«Estamos volviendo a un modelo económico que solo beneficia a las grandes empresas de la construcción, dejando de lado las verdaderas necesidades de la ciudadanía. No podemos permitir que Canarias vuelva a ser víctima del ladrillo y de políticas que solo generan desigualdad y precariedad», subrayó Tamayo.
Una llamada a la movilización ciudadana
Izquierda Unida Canaria ha lanzado un llamamiento a la ciudadanía para que se mantenga vigilante y exija al Gobierno canario políticas que prioricen el interés general sobre los intereses privados. La formación anima a participar en movilizaciones y actos de protesta para denunciar la vuelta a un modelo económico que solo genera beneficios para unos pocos a costa de la calidad de vida de la mayoría.
«Es hora de que la sociedad canaria tome conciencia de lo que está en juego. No podemos permitir que nos sigan vendiendo un modelo de desarrollo basado en la construcción descontrolada y en el beneficio rápido de las grandes fortunas. El futuro de nuestras islas depende de una política que priorice la sostenibilidad, la justicia social y el bienestar colectivo», concluyó Luisa Tamayo.