La formación presenta un extenso documento de alegaciones donde alerta de la
desprotección del suelo rústico, la vulneración de derechos ambientales y la pérdida de autonomía municipal
Izquierda Unida Canaria (IUC) ha presentado un documento de alegaciones al
anteproyecto de actualización de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales
Protegidos de Canarias, actualmente en proceso de consulta pública. La
organización denuncia que el nuevo texto consolida un modelo de desregulación
urbanística profundamente lesivo para el territorio, los recursos naturales y los
derechos democráticos de la ciudadanía.
Según IUC, esta reforma perpetúa y amplía los efectos negativos de la Ley del
Suelo de 2017, impulsada también por Coalición Canaria, y representa una nueva
ofensiva legislativa al servicio de intereses especulativos. “Se está construyendo
una ley que vacía de contenido la planificación democrática, desprotege el suelo
rústico y reduce drásticamente los controles ambientales y los márgenes de
participación ciudadana”, advierte Luisa Tamayo, Coordinadora Nacional de IU.
Entre los elementos más graves del anteproyecto, IUC destaca:
● La desprotección del suelo rústico, permitiendo la edificación residencial y
actividades económicas no vinculadas a su función agraria o ecológica.
● La generalización de los proyectos de interés insular, que pierden su
carácter excepcional y se convierten en un instrumento ordinario para sortear
los planes urbanísticos municipales e insulares.
● La reducción de los mecanismos de evaluación ambiental, que choca
con las directivas europeas y el principio de precaución.
● La merma de la participación democrática, con plazos de exposición
pública insuficientes y sin garantías de debate ciudadano real.
● La vulneración de la autonomía municipal, al recentralizar competencias y
permitir que decisiones clave en materia urbanística escapen del control de
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| Nota de prensa
los ayuntamientos.
La formación también alerta sobre las referencias implícitas a la legislación
urbanística complementaria, como el reciente Decreto Ley para agilizar licencias
que permite la sustitución de informes técnicos municipales por certificaciones
emitidas por entidades privadas. “Se trata de una privatización encubierta de
potestades públicas, que vulnera el Estatuto del Empleado Público, la Ley de
Contratos del Sector Público y la jurisprudencia del Tribunal Supremo”, añade
Tamayo.
El documento presentado incluye propuestas alternativas centradas en un modelo
de ordenación sostenible, con la protección estricta del suelo rústico, el refuerzo de
la vivienda pública, la limitación del alquiler vacacional y la creación de órganos de
control ciudadano. También exige una moratoria sobre nuevos proyectos de interés
insular y la restitución de procedimientos democráticos de planificación.
“No se puede justificar una reforma de esta magnitud con el argumento de la
emergencia habitacional si no se ataca la raíz del problema: la falta de política
pública de vivienda, el acaparamiento especulativo del suelo y la turistificación sin
control”, insiste la Coordinadora Nacional.
IUC solicita al Gobierno de Canarias la paralización inmediata de la tramitación del
anteproyecto y la apertura de un proceso deliberativo real con participación de la
sociedad civil, colectivos ecologistas, ayuntamientos y colegios profesionales.
“Canarias no necesita más cemento, sino un modelo territorial que garantice el
derecho a la vivienda, el equilibrio ecológico y la cohesión social. Esta ley, tal y
como está planteada, va en la dirección contraria”, concluye Tamayo.