La formación advierta que esta iniciativa vulnera la Ley de Memoria Democrática y
exige al Gobierno central que actúe para impedir un precedente gravísimo en el
contexto de la celebración de los “50 años de libertad”
zquierda Unida Canaria (IUC) ha elevado al Congreso de los Diputados, a través del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, su oposición a la incoación del expediente para declarar como Bien de Interés Cultural (BIC) la escultura de Juan de Ávalos ubicada en la Rambla de Santa Cruz de Tenerife, conocida popularmente como “el monumento a Franco”.
Esta acción se produce tras las alegaciones que la formación presentó en el procedimiento de consulta pública convocado por el Cabildo de Tenerife, en las que se expone con rotundidad que dicha escultura “no puede ni debe ser protegida como bien patrimonial”, ya que fue concebida expresamente como un elemento de glorificación de la dictadura franquista, tal como recoge la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, que establece la retirada de todos los símbolos que ensalcen el golpe de Estado, la dictadura o la represión.
En el escrito registrado en la Cámara Baja, firmado por los diputados Enrique Santiago y Nahuel González, se formulan varias preguntas al Gobierno de España sobre su conocimiento del expediente, la posible contradicción legal que supondría declarar el monumento como BIC, y las medidas que piensa adoptar para garantizar el cumplimiento de la normativa estatal, incluida la apertura de expedientes
sancionadores a administraciones que incumplan la ley.
“La protección patrimonial de un símbolo franquista sería un escándalo democrático
y jurídico”, ha declarado Luisa Tamayo, Coordinadora Nacional de Izquierda Unida
Canaria, quien ha calificado el proceso como “una provocación a las víctimas del
franquismo y una regresión inaceptable en términos de justicia histórica y reparación”.
Tamayo ha recordado que el propio expediente de consulta pública incluye informes técnicos de instituciones como Museos de Tenerife o la Universidad de La Laguna que desmienten el supuesto valor artístico o histórico de la escultura. “No es una obra innovadora ni representa ningún hito relevante de la escultura española del siglo XX. Lo único que representa es la exaltación de un dictador. Eso no es cultura, es propaganda autoritaria”, afirmó.
La formación ha advertido además que la declaración de BIC abriría un precedente
gravísimo a nivel estatal: “Si este monumento se protege en Canarias, mañana podríamos ver cómo se intentan blindar otras esculturas franquistas en cualquier rincón de España. Es urgente que el Gobierno central intervenga para impedir este atropello a la ley y a la memoria democrática y más en el año en el que se están
celebrando diferentes actos por los ‘50 años en libertad’”, ha señalado la coordinadora de IUC.
La organización ha exigido al Ministerio de Política Territorial y Memoria
Democrática que actúe de inmediato, señalando que los artículos 35 y 38 de la Ley
de Memoria obligan a retirar estos vestigios del espacio público y a garantizar el cumplimiento de dicha obligación por parte de todas las administraciones. “El Gobierno de España no puede mirar hacia otro lado. Tiene la obligación legal y ética de frenar este intento de reescribir la historia bajo pretextos patrimoniales”, ha
enfatizado Tamayo.
Para Izquierda Unida Canaria, este nuevo paso confirma su compromiso con una memoria democrática que repare, dignifique y garantice que nunca más el espacio público sea utilizado para exaltar a quienes quebraron la legalidad republicana, desataron una guerra civil y sostuvieron una dictadura de represión y silencio. “No pedimos venganza, pedimos memoria, justicia y respeto a quienes fueron
perseguidos por luchar por la democracia”, concluyó Tamayo.