La formación denuncia el modelo económico que ampara la precariedad y reclama una reacción contundente de las instituciones ante el escándalo de trabajo esclavo en la isla.
Izquierda Unida Canaria en Lanzarote ha expresado su condena tras conocerse la
detención de tres personas acusadas de someter a sus trabajadores a condiciones
laborales infrahumanas en una empresa de producción de aperitivos situada en los
municipios de Teguise y Tías. Según ha informado la Policía Nacional, los empleados eran obligados a trabajar en jornadas abusivas, sin descanso, en espacios insalubres y sin derechos laborales, en un caso que pone en evidencia la cara más oscura de un modelo económico basado en la explotación de personas vulnerables.
La investigación, llevada a cabo por la Policía Nacional en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, se inició tras una primera inspección en la que se descubrió a un trabajador alojado en un cuarto sin condiciones mínimas de salubridad ni higiene. En una segunda inspección en otra sede de la misma
empresa, se confirmó que las prácticas de abuso laboral eran generalizadas.
Finalmente, tres personas —de 66, 44 y 39 años— fueron detenidas y puestas a disposición judicial como presuntas autoras de delitos contra los derechos de los trabajadores y contra la integridad moral.
Para la formación, este caso no es un hecho aislado, sino un síntoma de un sistema que permite que la precariedad laboral, la desprotección y la explotación formen
parte estructural de la economía insular, especialmente en sectores con alta
contratación de personas migrantes. “Estamos ante una forma moderna de esclavitud que sigue existiendo en 2025 bajo la apariencia de actividad empresarial”, ha afirmado Jorge Peñas, portavoz de IUC en Lanzarote.
Peñas ha añadido que “este modelo de impunidad se basa en la vulnerabilidad de
quienes trabajan sin papeles, en la falta de inspecciones eficaces y en una visión del
trabajo como mera mercancía. Se explota a personas por su origen, por su situación
administrativa, por su silencio forzado. Y eso debe tener consecuencias”.
Desde IUC Lanzarote se exige al Gobierno de Canarias y al Gobierno central que se actúe con contundencia garantizando que caiga todo el peso de la ley sobre los responsables de este caso, reforzando de manera urgente la plantilla y recursos de la Inspección de Trabajo, protegiendo a las víctimas y garantizando su acceso a recursos públicos de acogida y regularización, e impulsando una estrategia integral contra la precariedad laboral y la explotación en las islas, con foco específico en los sectores donde se concentran mayores vulneraciones.
“No se trata solo de castigar a unos pocos empresarios sin escrúpulos, sino de desmontar un modelo que naturaliza el abuso, mientras muchos cierran los ojos.
Las instituciones tienen el deber de garantizar que nadie quede fuera de la protección de sus derechos por el simple hecho de su pasaporte o su situación administrativa”, ha insistido el portavoz insular.
Desde IUC también se ha querido lanzar un mensaje claro: “La economía de Lanzarote se sostiene sobre el trabajo de miles de personas, muchas veces invisibles, que lo dan todo para que la isla funcione. Exigir dignidad laboral para
ellas es un deber democrático. Y no puede haber convivencia justa si toleramos la
esclavitud moderna en nuestras calles”.
Izquierda Unida Canaria reitera su compromiso con los derechos humanos, con el trabajo digno y con una economía basada en el respeto y la justicia social. “La lucha por la dignidad empieza aquí: en cada centro de trabajo, en cada inspección que se realiza, en cada trabajador o trabajadora que sabe que no está sola”, ha concluido Peñas.