La formación denuncia que el Gobierno de Canarias vuelve a dar la espalda a la crisis habitacional al renunciar a ampliar el parque público de vivienda con recursos ya disponibles.
Izquierda Unida Canaria (IUC) ha mostrado su rechazo ante la decisión de Visocan
—empresa pública del Gobierno de Canarias— de poner a la venta las 38 viviendas
rehabilitadas en Finca Amado, Breña Baja, tras ser rechazadas por la mayoría de
las familias afectadas por el volcán. Solo cuatro de las 42 viviendas adquiridas han
sido finalmente aceptadas por familias damnificadas, debido a la ubicación de las
mismas, en el otro extremo de la isla, lejos de sus vínculos sociales, laborales y
familiares.
Desde la organización se respeta y entiende la decisión de estas familias, para
quienes no se trata de un simple cambio de domicilio, sino de una ruptura con su
comunidad de origen y su proyecto de vida. “No se puede plantear la reconstrucción
desde la desconexión territorial. La justicia social también se juega en respetar el
arraigo y los vínculos de las personas con su entorno”, ha señalado el nuevo
Coordinador Nacional de IUC, Saúl Alberola.
Lo que resulta inaceptable para la formación de izquierdas es que, frente a esta
situación, el Gobierno de Canarias, a través de Visocan, haya optado por poner
esas viviendas en venta, en lugar de destinarlas a alquiler social o asequible. “Es la
enésima desfachatez del Gobierno de CC y PP, que en lugar de atender a una de
las principales emergencias sociales del archipiélago, como es el acceso a la
vivienda, elige una vez más mirar hacia otro lado y apostar por la mercantilización
del derecho a un hogar”, ha denunciado Alberola.
Desde Izquierda Unida se recuerda que Canarias sufre una de las peores crisis
habitacionales del Estado, con alquileres inasumibles para la mayoría social,
ausencia de parque público suficiente y miles de viviendas vacías sin función social.
A esto se une que más del 25% de las viviendas en La Palma están vacías, y que la
formación ya solicitó declarar la isla como zona tensionada, algo que el Cabildo ha
rechazado sin ofrecer alternativa alguna para contener los precios ni movilizar las
viviendas vacías. En ese contexto, dejar escapar 38 viviendas ya rehabilitadas para
engrosar la venta en el mercado es, para IUC, “una oportunidad perdida inaceptable
y un síntoma más del modelo fallido de gestión del derecho a la vivienda que
defiende el actual Gobierno autonómico”.
IUC defiende una política de vivienda estructuralmente distinta, que se basa en el
principio de que la vivienda no puede ser un bien de mercado, sino un derecho
garantizado. Su propuesta apuesta por la gestión 100% pública permanente, el
régimen exclusivo de alquiler asequible o social, y el uso prioritario de viviendas ya
construidas para evitar impactos medioambientales y urbanísticos innecesarios.
“Mientras en Europa se demuestra el éxito de las bolsas de vivienda pública en
alquiler, aquí Visocan decide vender casas públicas como si fuera una inmobiliaria
privada”, ha remarcado el Coordinador. “Y todo esto en una isla golpeada por una
catástrofe natural reciente y donde siguen sin resolverse adecuadamente las
necesidades habitacionales más básicas”.
Izquierda Unida Canaria exige al Gobierno autonómico y a Visocan que rectifiquen
de inmediato esta decisión y destinen esas viviendas a cubrir el déficit de vivienda
social en La Palma, priorizando el alquiler a precios asequibles para familias
vulnerables o trabajadoras con rentas medias. “La vivienda pública debe estar al
servicio de la gente, no del mercado. Y cada metro cuadrado rehabilitado, máxime
cuando ha sido hecho con dinero público, debe ponerse al servicio de la justicia
social”, ha concluido Alberola.