La organización valora positivamente el giro del texto, aunque anuncia nuevas alegaciones para reforzar una ley clave a la crisis climática y los incendios forestales.
Izquierda Unida Canaria (IUC) celebra que la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias haya incorporado en su totalidad o de manera parcial quince de las dieciséis consideraciones que la formación presentó a finales de 2024 al proceso de elaboración de la futura Ley de Montes de Canarias. Para IUC, este hecho demuestra que el trabajo riguroso y propositivo de la organización ha tenido un impacto real en un texto legislativo que será determinante para el futuro ambiental, social y territorial del Archipiélago.
La formación de izquierdas considera que la Ley de Montes es una de las normas estratégicas de la legislatura, en un contexto marcado por la emergencia climática, el aumento del riesgo de incendios forestales, la pérdida de biodiversidad y el abandono de amplias superficies rurales. Por ello, aunque el anteproyecto recoge buena parte de sus aportaciones, IUC confirma que presentará alegaciones para seguir mejorando el texto y dotarlo de mayor ambición transformadora.
Entre las consideraciones aceptadas destacan medidas clave para alinear la gestión forestal de Canarias con el Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), reforzando así el compromiso internacional del Archipiélago en materia de conservación y lucha contra el cambio climático. El anteproyecto también incorpora criterios más claros para considerar determinados terrenos agrícolas abandonados como monte, incluyendo pequeños enclaves de alto valor ecológico como cauces de agua, zonas con flora nativa o áreas de conectividad ambiental.
Asimismo, se recogen propuestas de IUC relativas al aprovechamiento forestal sostenible y a la ordenación del combustible, elementos fundamentales para reducir el riesgo de incendios y mejorar la resiliencia de los montes. La ley avanza también en la ampliación del Catálogo de Montes de Utilidad Pública, incorporando montes con alto valor ambiental o situados en espacios protegidos, y abre la puerta a la adquisición de terrenos por parte de la administración para garantizar su protección a largo plazo.
Otro de los avances valorados positivamente por IUC es la limitación de los cambios de uso forestal y la regulación del acceso a los montes, así como la creación de un Catálogo de Árboles Singulares que permita proteger ejemplares excepcionales por su valor ecológico, histórico o paisajístico. El anteproyecto incluye además la promoción de programas de educación, divulgación y sensibilización ambiental, entendidos como una herramienta imprescindible para construir una cultura social de cuidado del territorio.
En materia de prevención de incendios, la futura ley asume la exigencia de que los cabildos insulares identifiquen y mantengan actualizadas las Zonas de Alto Riesgo de Incendios Forestales (ZARI), estableciendo prohibiciones específicas y medidas reforzadas durante los periodos de alerta. Para IUC, este enfoque preventivo es esencial en un territorio especialmente vulnerable como Canarias.
No obstante, la organización lamenta que no se haya aceptado de forma expresa una de sus consideraciones centrales: la regulación clara y vinculante del Plan Forestal de Canarias. Aunque el anteproyecto incorpora referencias a este instrumento en su artículo 31, IUC considera insuficiente su desarrollo y presentará una alegación específica para reforzar su carácter estratégico, su dotación presupuestaria y su capacidad real de ejecución.
El coordinador nacional de IUC, Saúl Alberola, ha señalado que “valoramos positivamente que se hayan incorporado la mayoría de nuestras consideraciones, pero no renunciamos a seguir mejorando la ley”. Alberola subraya que “la Ley de Montes debe ser una herramienta clave para garantizar la conservación de nuestro patrimonio natural, la mitigación del cambio climático y la defensa de un futuro sostenible para las generaciones venideras, y eso exige ambición, recursos y voluntad política”.
Desde IUC insisten en que la nueva ley no puede quedarse en una declaración de intenciones. “Canarias necesita una gestión forestal pública, sostenible y bien planificada, que ponga fin a la deforestación, recupere los montes degradados e impulse la forestación y reforestación con criterios ecológicos”, concluyen.