La formación presenta alegaciones contra un proyecto que califican de destructivo y
especulativo y reclama una planificación energética justa y participada.
El movimiento político de izquierdas denuncia el uso abusivo de la declaración de
utilidad pública para beneficiar los intereses privados sobre suelo agrícola protegido.
Izquierda Unida Canaria (IUC) ha presentado alegaciones formales ante la Dirección
General de Energía del Gobierno de Canarias para solicitar la paralización de los
proyectos de parques eólicos El Pilón I y El Pilón II, impulsados por DISA Energía
Renovable S.L.U. en los municipios tinerfeños de Fasnia y Güímar. La formación
denuncia que se trata de una agresión al medio rural, al paisaje cultural de la
comarca de Agache y a los derechos de las comunidades locales, en nombre de
una transición energética desordenada y mercantilizada.
Las alegaciones, elaboradas por el equipo técnico de IUC con la participación de
militancia local y expertos en ordenación del territorio, apuntan a múltiples
irregularidades en el expediente: ausencia de planificación estratégica, impactos
ambientales no evaluados adecuadamente, infracción de los instrumentos de
ordenación territorial y urbanística, y un uso abusivo de la figura de utilidad pública
para legitimar expropiaciones y ocupaciones forzosas.
“El Pilón I y II no son proyectos energéticos al servicio del bien común, sino
operaciones privadas que destruyen suelo rústico protegido y consolidan un modelo
extractivista”, denuncia Luisa Tamayo, Coordinadora Nacional de Izquierda Unida
Canaria. “Queremos energías renovables, pero no así: no a costa de nuestra tierra,
nuestras medianías ni nuestras comunidades”.
IUC advierte que los seis aerogeneradores proyectados, con más de 150 metros de
altura, impactarían de forma irreversible en suelos agrícolas, hábitats de valor
ecológico y paisajes culturales como el del jable de Agache. Además, atraviesan
zonas protegidas como el Monumento Natural del Barranco de Herques y la
Reserva Natural Especial del Malpaís de Güímar. “Ni el Estudio de Impacto
Ambiental ni los informes del promotor aportan justificación técnica ni alternativas
viables: estamos ante un caso de planificación energética improvisada e
irresponsable”, añade Tamayo.
Por su parte, Nayra Caraballero, portavoz de la Asamblea Local de IUC en Güímar,
subraya el rechazo vecinal: “La comarca lleva años apostando por la recuperación
del paisaje, la agricultura de medianías y un modelo de desarrollo sostenible. No
vamos a permitir que nos conviertan en zona de sacrificio para enriquecer a
multinacionales sin que quede un solo beneficio en el territorio”. En esta línea,
recuerda que ambos ayuntamientos han manifestado su oposición al proyecto y que
la coalición Unidas Sí Podemos en Güímar —en la que participa IUC— ha
denunciado la falta de información y participación.
La formación propone una alternativa clara: planificación insular de las energías
renovables con criterios ambientales, sociales y de participación pública, priorizando
la repotenciación de instalaciones existentes, el autoconsumo y el desarrollo de
comunidades energéticas. “No estamos en contra de la transición energética. Al
contrario, somos firmes defensores de una transición justa. Pero no aceptamos que
se imponga sin debate, sin planificación y a costa de lo más valioso que nos queda:
nuestro territorio”, concluye la portavoz.
La organización ha solicitado además que se archive el procedimiento actual y se
inicie un proceso de evaluación ambiental estratégica para ordenar el despliegue de
renovables en el sureste de Tenerife. También propone incluir las zonas afectadas
en redes de protección agraria y cultural, e impulsar planes de desarrollo
agroecológico y turístico sostenible que respeten la identidad del paisaje y los
modos de vida rurales.
Con esta acción, Izquierda Unida Canaria reafirma su compromiso con la justicia
territorial, la defensa del suelo agrícola y la soberanía energética al servicio del
pueblo canario.