La formación destaca la necesidad de un enfoque más equilibrado y sostenible en la planificación urbanística y territorial, el medioambiente y la participación.
Izquierda Unida Canaria (IUC) manifiesta su firme oposición a la Ley del Suelo de 2017, una normativa que, bajo la premisa de simplificación y agilización de trámites urbanísticos, ha permitido más de 200 cambios en el planeamiento urbanístico de Canarias sin necesidad de modificar los planes generales. Esta ley, que actualmente se encuentra en proceso de revisión, ha abierto la puerta a modificaciones que, según IUC, comprometen la sostenibilidad y el bienestar de las comunidades locales.
La Ley del Suelo fue promovida como una herramienta para facilitar la gestión urbanística de los municipios, permitiendo cambios puntuales en el planeamiento para responder a las necesidades cotidianas. Sin embargo, IUC sostiene que esta flexibilidad ha sido utilizada en numerosas ocasiones para favorecer intereses privados en detrimento del interés público y del medio ambiente, como ya avanzamos en el momento de su aprobación.
Para Luisa Tamayo, Coordinadora de IUC “»La Ley del Suelo de 2017, lejos de proteger nuestro valioso territorio, ha abierto las puertas a una urbanización descontrolada que amenaza la sostenibilidad de nuestras islas. Es imperativo revisar esta normativa para asegurar que el desarrollo urbanístico en Canarias no se haga a expensas de nuestro medio ambiente y la calidad de vida de nuestras comunidades.»
Desde el Gobierno de Canarias se ha defendido la ley argumentando que ha sido parte de su éxito permitir el desarrollo de zonas sin cambiar la estructura del municipio. No obstante, IUC critica esta «simplificación» por considerar que reduce la participación ciudadana en decisiones fundamentales y minimiza la evaluación ambiental y social de proyectos que pueden tener un impacto significativo en las comunidades y en el territorio.
«Mientras el Gobierno de Canarias busca agilizar aún más los procedimientos urbanísticos, desde Izquierda Unida Canaria exigimos que esta revisión no simplifique los controles a costa de la participación ciudadana y la evaluación ambiental. No podemos permitir que la agilización se traduzca en una menor protección para nuestro territorio y una mayor vulnerabilidad para nuestras comunidades.» añade Tamayo.
La revisión actual de la ley, según el propio Gobierno autonómico, busca agilizar aún más los procedimientos y matizar la interpretación de algunos artículos. Desde la formación de izquierdas se alerta sobre el peligro de que estas modificaciones profundicen los problemas existentes, especialmente la falta de transparencia y la reducción de controles en la aprobación de proyectos urbanísticos.
IUC hace un llamado a la participación ciudadana activa en el proceso de revisión de la Ley del Suelo y exige que cualquier modificación futura garantice la protección del medio ambiente, la sostenibilidad del desarrollo y el bienestar de las comunidades canarias. «Es esencial que la revisión de la ley no se convierta en una excusa para facilitar aún más la urbanización descontrolada y el deterioro ambiental», afirma Luisa Tamayo, Coordinadora Nacional de IUC.
Desde el espacio de izquierdas se aboga por un marco legal que equilibre la necesidad de desarrollo con la protección del medio ambiente y los derechos de las comunidades sociales. La formación política insiste en que es posible avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible que respete los límites del territorio y promueva la justicia social.
Izquierda Unida Canaria se compromete a seguir trabajando para promover un futuro sostenible para Canarias, donde una nueva ley del suelo sirva como instrumento para proteger el territorio y promover el desarrollo equitativo de los pueblos canarios. La organización insta al Gobierno de Canarias y a todos los actores implicados a considerar las implicaciones a largo plazo de la legislación urbanística y a poner el bienestar de las generaciones presentes y futuras en el centro de cualquier decisión.