IUC ha registrado una batería de preguntas en el Congreso de los Diputados dirigidas al Gobierno de España, denunciando la reciente licitación del Cabildo de Tenerife para contratar servicios de seguridad privada en el Parque Nacional del Teide por un valor estimado de 5,8 millones de euros
Para la formación, esta decisión del gobierno insular presidido por Rosa Dávila constituye un «trasvase injustificado de dinero público a manos privadas» y un paso más en el desmantelamiento de los servicios forestales públicos.
Un modelo de gestión bajo sospecha
IU considera que la presión turística que soporta el parque —el más visitado de España— no justifica la contratación de «vigilantes jurados». En su lugar, la organización defiende de forma decidida la ampliación de la plantilla pública de Agentes de Medio Ambiente y la limitación de accesos como únicas vías reales para proteger este espacio Patrimonio de la Humanidad.
»El Teide no es una finca rústica ni un coto de caza; es un ecosistema sensible que requiere autoridad pública, no seguridad privada», afirman desde la formación.
Posible usurpación de funciones
La iniciativa parlamentaria pone el foco en una situación «muy preocupante»: la constancia de que el personal de seguridad privada ya está realizando funciones propias de agentes de la autoridad, como la regulación del tráfico, la emisión de boletines de denuncia o la intervención en accidentes e incendios.
IUC advierte que los guardas rurales privados carecen de la formación específica en gestión de ecosistemas y de la autoridad legal necesaria para ejercer funciones de policía ambiental, competencias que deben recaer exclusivamente en los Agentes Forestales y Medioambientales.
Preguntas al Ministerio
A través de sus representantes en el Congreso, Izquierda Unida exige que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se pronuncie sobre los siguientes puntos:
- Legalidad de la contratación: Si el Ministerio avala que empresas privadas asuman funciones legalmente encomendadas a funcionarios públicos.
- Calificación del suelo: Si el Gobierno considera que un Parque Nacional puede ser tratado como una «finca rústica» para justificar la presencia de guardas privados.
- Garantía de calidad: Qué medidas tomará el Estado para asegurar que la policía ambiental en el Teide sea ejercida por personal público con los estándares de formación adecuados.
Izquierda Unida Canaria reafirma su compromiso con la gestión pública del territorio y rechaza cualquier modelo que priorice el beneficio empresarial sobre la conservación de nuestro patrimonio natural.
