Diputados de la formación preguntan en el Congreso por el acuerdo ilegal de Marruecos con una empresa israelí para explotar recursos naturales en aguas del Sáhara.
Enrique Santiago y Nahuel González, diputados de IU en el Grupo Parlamentario de Sumar, han presentado una batería de preguntas al Gobierno una vez conocida la firma en febrero de un acuerdo comercial de Marruecos con NewMed, empresa de Israel, para la exploración y explotación de las reservas de gas en las aguas ocupadas del Sáhara Occidental, muy próximas a Canarias. Dicho acuerdo consiste en la adjudicación de 17 permisos durante ocho años para la explotación en alta mar, desde el cabo Bojador hasta Dajla en Sáhara Occidental. Cabo Bojador se encuentra a poco más de 200 km de Fuerteventura, si bien algunos de los 17 bloques se encuentran a menor distancia.
Izquierda Unida recuerda que estos acuerdos son totalmente ilegales ya que ni la ONU ni ningún organismo internacional avalan la ocupación de Marruecos y la usurpación de los recursos naturales en el Sahara Occidental, y contradice la Resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea del pasado 4 de octubre de 2024 en el que se establece que toda actividad de cualquier Estado, organismo internacional o empresa en aguas saharauis, debe tener el consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental.
Por tanto, los diputados en su escrito a la mesa del Congreso sentencian que estas actitudes expansionistas de Marruecos se refuerzan con el nuevo orden geopolítico, tras la llegada de Trump a la Casa Blanca, y sus planes de expolio en Ucrania a cambio de la paz y con la limpieza étnica en Gaza. Y recuerdan que España sigue siendo potencia administradora del Sahara Occidental hasta que finalice el proceso de descolonización según los artículos 73 y 74 de la Carta de Naciones Unidas.
Luisa Tamayo, Coordinadora Nacional de IUC, afirma que “España ha eludido su responsabilidad y ha permitido la ocupación, la violación de derechos humanos y el expolio de los recursos saharauis en el Sahara Occidental, y apela a la obligación del Gobierno para posibilitar el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, así como decidir soberanamente sobre su territorio y recursos”.
Por todo ello, se han registrado cinco preguntas para conocer la opinión del Gobierno de España sobre el acuerdo de Marruecos con la empresa israelí; qué medidas pretende tomar para evitar este expolio ilegal y conocer su opinión sobre la proximidad a las aguas de Canarias y la afección que esta explotación petrolífera pueda tener para Canarias y qué medidas tomará y, por último, cómo garantizará que tampoco haya afecciones para el ecosistema marítimo próximo a Canarias.