Hay que preservar el suelo rústico de Canarias de las ansias de negocio, ahora
apoyado desde el propio Gobierno de Canarias.
La propuesta realizada por los dirigentes de Coalición Canaria y en el Gobierno y
apoyada por Casimiro Curbelo de permitir edificar en suelo rústico para solucionar la
falta de vivienda, no deja de ser otra excusa más para fomentar la especulación del
suelo rural y los intereses económicos de determinados sectores empresariales
vinculados a la construcción.
Desde Izquierda Unida Canaria planteamos que la solución pasa por intervenir con
políticas públicas en el mercado de la vivienda. Esta no puede estar solo en manos
de bancos, fondos de inversión, constructoras y ahora en el creciente mercado del
alquiler vacacional, que tratan a la vivienda como un producto más con el que
comerciar. La vivienda debe estar al menos a nivel de la educación y la sanidad en
la agenda pública.
La vivienda debe estar al menos a nivel de la educación y la sanidad en la agenda
pública. En lugar de promover la especulación invadiendo el suelo rústico, el director
del Instituto Regional de la Vivienda y el conjunto del Gobierno de Canarias debería
reforzar los medios humanos y materiales para la construcción de vivienda pública
en suelo urbano y en su gestión mediante el alquiler social. Esa es la gestión pública
a favor de los intereses generales de la ciudadanía y no de unos pocos que quieren
seguir lucrándose con un derecho básico.
Hay que preservar el suelo rústico de Canarias de las ansias de negocio, ahora
apoyado desde el propio Gobierno de Canarias. Esta medida no es coherente con
una mínima planificación urbanística que sustenta unos usos residenciales en suelo
urbano, evitando la dispersión, con el fin de poder dotarlos de servicios de
abastecimiento y saneamiento, infraestructuras verdes, deportivas, dotaciones
públicas educativas y sanitarias cercanas para favorecer la movilidad.
Hay que recordarles que desde la Ley del Suelo estatal se mandata a que el suelo
vinculado a un uso residencial por la ordenación territorial y urbanística está al
servicio de la efectividad del derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
Las reformas deben ir en el sentido de cumplir este mandato, facilitando la
adquisición de suelo por las Administraciones, limitando el alquiler vacacional y
fomentando la intermediación pública en el alquiler de vivienda, favoreciendo los
sistemas de ejecución pública frente a los privados para transformar los suelos
urbanizables en urbanos y poder gestionar en cada municipio una importante bolsa
de vivienda pública de alquiler.
Ya desde la aprobación de la última Ley del Suelo de Canarias en 2017 contrastan
los principios que proclaman, en línea con un desarrollo sostenible, y los concretos
mecanismos jurídicos para desvirtuar el suelo rústico y favorecer su especulación.
Los años vienen demostrando que se ha favorecido la invasión del suelo rústico con
viviendas diseminadas convertidas en segundas residencias y en actividades ajenas
al suelo rústico, que los cortos plazos de prescripción están favoreciendo la
indisciplina urbanística, que el reconocimiento de usos consolidados aunque
contrarios al plan urbanístico está causando daños irreparables.
Los suelos rústicos en las islas no son un capricho, son el sustento actual y futuro
por su valor productivo para impulsar el sector primario, la economía circular y la
soberanía alimentaria. También son el sustento de la calidad del medio ambiente y
del paisaje.
Esta ocurrencia va en contra de la utilización racional del suelo de Canarias y de
preservar de los recursos naturales y de los valores paisajísticos, arqueológicos,
históricos, culturales y etnográficos.
No todo vale, no se puede aprovechar las necesidades de vivienda para ir contra la
conservación de los recursos naturales y de los suelos de interés agrario, del litoral
y de valor paisajístico y cultural, porque son recursos estratégicos para el desarrollo
económico, la cohesión social y el bienestar de la población. La vivienda se resuelve
con políticas públicas que sustituyan a la ley del mercado en el suelo urbano y
urbanizable de las islas.
RED DE ACTIVISTAS DE MEDIO AMBIENTE DE IZQUIERDA UNIDA CANARIA.